"Cuando la Justicia es parte vital de la memoria de los pueblos"
A través de un decreto (Nº 1558) el Ejecutivo provincial creo en Neuquén el Registro Provincial de Ex Presos y Detenidos Políticos, adhiriendo a la medida tomada por el gobierno nacional. Así se construirá una base de datos de personas que estuvieron detenidas entre los años 55 y 83, y una vez que sea sancionada como Ley Nacional se les otorgará una pensión universal y vitalicia.
Funcionará en la órbita del Ministerio de Coordinación de Gabinete, a cargo de Zulma Reina, y será coordinada por las subsecretarías de Justicia y Derechos Humanos, de Gobiernos Locales e Interior y de Control de Gestión.
La ministra, en una ceremonia en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, le hizo entrega del decreto provincial al director del Registro Nacional de Ex Presos Políticos de la Argentina, Roberto Regalado.
"Neuquén se compromete no sólo a conformar este registro, sino que además se rubricarán convenios con los municipios del interior para que puedan aportar su información", aclaró la funcionaria. Y agregó que "la idea es conformar una base de datos amplia, completa y enmarcada en políticas de Estado que luego puedan ser volcadas en beneficio de esos ciudadanos que vivieron situaciones de detención y cárcel, entre los años 1955 y 1983 como estableció también Nación".
Por su parte, Regalado informó que "el registro nacional se encuentra avanzado en un 70 por ciento y muchas provincias aún están en vías de concretar su propio registro y así aportar al general". Añadió que "esta registración sirve para rescatar la historia, para saber cuantos fueron los ex presos políticos de la última dictadura militar, con un período anterior y posterior sino también, para lograr una radiografía socioeconómico de cada uno de estos habitantes".
Todo este trabajo finalizará con la sanción de una ley que otorgue una pensión universal y vitalicia para todos los ex presos políticos. El proyecto ya fue elevado al Congreso, esperando justamente estos datos estadísticos.
"El ingenio popular que no descansa, y te dice NO al peaje"
Durante la mañana de hoy integrantes de organizaciones políticas y sociales simularon, en la intersección de Avenida Argentina y Carlos H. Rodríguez, un peaje para realizar una volanteada y recolectar firmas para solicitar al gobernador Sapag que anule la prórroga de la concesión, hasta el 2025, a la firma Corredores Viales del Neuquén SA que opera sobre la ruta provincial 7.
El lema de la campaña de protesta dice "Esto es un peaje" y la imagen que acompaña es una mano pintada como una barrera de una cabina que permite el paso vehicular; pero que representa un arma connotando la acción de robar.
Entre sus reclamos aclaran que el Ejecutivo provincial no estaba legalmente habilitado para prorrogar la concesión y, sin embargo, "aprobó un nuevo contrato sin respetar la única forma de selección constitucional y legal: la licitación pública".
"El nuevo contrato estableció un aumento exorbitante, confiscatorio y discriminatorio" y la tarifa "pasará de $0.50 a $1.80, salvo para los residentes de Centenario y Vista Alegre"; de esta manera se "traslada a los usuarios el pago de la deuda que Caminos del Comahue (ex compañía operadora) mantiene con el IADEP", explica el folleto.
De la campaña participan los Vecinos Autoconvocados, la Comisión Antipeaje de Centenario, Neuquén y Cipolletti, Libres del Sur, UNE, Ariel Kogan, PRO, UCR, Proyecto Sur, MUN. Coalición Cívica – ARI, Grupo Moreno, Centro Cultural "L. V. Fanti", Vecinas y vecinos de Río Negro y Neuquén, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén y Centenario.
(*) Río Negro
"Situación carcelaria en Neuquén en la voz de Zainuco"
Diputados de la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento escucharon hoy un informe sobre la situación carcelaria en la provincia. En la ocasión, representantes de la Asociación Zainuco denunciaron violaciones a los derechos humanos y la prohibición del ingreso a las unidades de detención a dirigentes de organismos de Derechos Humanos. Federico Egea, presidente de la asociación dijo que se da “una complicidad y ocultamiento por parte del Estado”. En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Novoa, relativizó las expresiones vertidas por Zainuco a las que consideró de “tétricas y alejadas de la realidad” y brindó un panorama respecto del sistema carcelario en la provincia. Explicó que pueden haber abusos pero que no son sistemáticos y consideró necesario cambiar ciertas prácticas. También dijo que es necesario capacitar al personal policial para atender a los detenidos y que se está trabajando en una ley de Servicio Integral de Ejecución Penal que será presentada en 60 días en la Legislatura. En otro orden, el cuerpo aprobó 5 declaraciones de interés legislativo.
Egea y Galdys Rodríguez, - dirigentes de Zainuco- explicaron que desde 1999 comenzaron a ingresar a la Unidad de Detención Nº 11 donde realizaban con los detenidos actividades de recreación, contención y asesoramiento jurídico pero luego, en agosto de 2003, por disposición del entonces Jefe de Policía se les prohibió el ingreso , situación –acotaron- no se da con otras organizaciones sociales que sí pueden ingresar. “Esto sucede, señaló Egea, porque las organizaciones religiosas no denuncian las irregularidades carcelarias y Zainuco sí”.
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