"Jesús Escobar enojado con todos por el peaje de la ruta 7"
Lamentable resulta la posición del Gobernador Jorge Sapag, del Intendente de Neuquen Martin Farizano y del Intendente de Centenario Javier Bertoldi defendiendo la continuidad del Peaje sobre la ruta 7 que une Neuquén con Centenario.
El conjunto de la población de la provincia se muestra en contra de esta concesión, que a la luz de los últimos acontecimientos se asemeja más a un “robo a cara descubierta” que a un servicio. No solo eso, sino que además del bochornoso retiro de la empresa anterior se le otorga la concesión a una nueva y extraña empresa a través de un mecanismo al menos sospechoso.
No hay argumentos que permitan sostener la continuidad del peaje y no son claros los motivos por los cuales el principal dirigente del MPN, el candidato a Gobernador de la UCR y el Presidente del PJ lo defienden. Solo se puede entender esta actitud, como un elocuente nuevo caso de defensa por parte de la dirigencia de los partidos tradicionales de los intereses de los sectores más concentrados de la economía -además, cosa siempre rodeada de sucesos poco claros. Ante cada oportunidad en que entraron en colisión los intereses de un grupo empresario y los de la comunidad la dirigencia de los partidos tradicionales no lo dudó, salió en defensa de los poderosos.
"Piden a Bertoya al banquito de los acusados"
La diputada del Frente Grande Soledad Martínez con el acompañamiento del diputado Ariel Kogan del PJ presentaron hoy un proyecto de resolución por el que solicitan al Ministro de Desarrollo Territorial Leandro Bertoya informe sobre la contratación de una auditoría externa de control de ejecución y asignación de fondos provenientes de la renegociación de concesiones hidrocarburíferas- ley 2615-.
Solicitan detalle de la empresa contratada, antecedentes y criterios utilizados para definir la contratación, monto destinado a tal fin, plazos, condiciones, y toda documentación que autorice y avale tal consultoría.
Señala el fundamento del proyecto que existiendo un Tribunal de Cuentas, de rango constitucional, resulta extraño que se disponga de una erogación que aparece como innecesaria e injustificable, por cuanto se está sustituyendo al organismo provincial.
El Tribunal de Cuentas se encuentra en una situación de crisis institucional producto de la desatención del mismo por parte de los responsables de dar solución a diversos problemas que le afectan, frente a esta realidad la contratación de una auditora externa aparece como contradictoria y atentatoria a la vigencia de las instituciones de la provincia.
Indican los legisladores que resulta imprescindible obtener una respuesta de los funcionarios provinciales que tuvieron a su cargo tanto la contratación de referencia como la difusión pública de tal desición todo en nombre de "la garantía de transparencia".
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